EXAMINANDO LOS DERECHOS Y LIBERTADES EN INTERNET EN LATINOAMÉRICA

I.             INTRODUCCIÓN 

Internet es una herramienta a la que se le atribuyen ciertos beneficios en diferentes aspectos como son, la educación, el comercio, el entretenimiento, entre otros. Además, Internet tiene un impacto profundo en el mundo laboral, el ocio y el conocimiento a nivel mundial.

En el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el acceso a Internet en casi todas las regiones del mundo llegando a gran parte de los hogares y de las empresas de los países occidentales, en este aspecto se ha abierto una brecha digital con los países “menos desarrollados”, en los cuales el ingreso de Internet y las nuevas tecnologías de información es muy limitada para las personas; esta brecha ha permitido que estas limitaciones varíen.

Se ha documentado que varias autoridades han adquirido software malicioso para vigilancia, las cuales no cuentan con facultades legales para la vigilancia de comunicaciones; para lo cual se vienen registrando algunas iniciativas legislativas y desarrollando políticas y estrategias de regulación que tienen un impacto en internet, materializando en leyes, decisiones administrativas y judiciales.

En adelante, se realizará un breve resumen de la legislación, políticas en diferentes países de Latinoamérica.   

  II.             MARCO TEÓRICO

En las redes sociales, en los medios de comunicación en Internet y en la interacción con otros, se ejercen muchos de los derechos fundamentales enumerados en la Constitución y consagrados en tratados internacionales. En tal sentido, debe entenderse que los mismos derechos que las personas gozan ordinariamente pueden encontrar ejercicio en cualquier tecnología o plata forma de comunicación o interacción, sin que ello deba significar un ejercicio menoscabado o restringido.

Entre los derechos más relevantes susceptibles de ser potenciados o afectados por las comunicaciones digitales puede destacarse el de la integridad síquica;  el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona; la libertad de conciencia y manifestación de sus creencias; el derecho a la educación; la libertad de enseñanza; la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley; el derecho a presentar peticiones a la autoridad; el derecho de asociación; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica; la libertad de adquirir bienes, y la libertad de crear y difundir las artes.

El Marco APC-La Rue es el documento marco gira sobre tres grandes ejes:  libertad de expresión, restricciones aplicadas sobre contenidos en línea (bloqueos, cibera-taques, protección de la privacidad y datos personales, entre otros puntos), y acceso a internet para diferentes grupos (grupos marginales, menores de edad). El resultado de este documento y del cuestionario generado a partir de él brindan un conjunto de herramientas para  determinar  en  qué  áreas  se  han  de  reconocer  avances  positivos  y  en  cuáles  se han de reforzar el análisis, el estudio y la incidencia con el objetivo de encontrar soluciones afines a los principios consignados  en  los  instrumentos  de  derechos  humanos.  Para ello, es imprescindible el desarrollo de políticas públicas, legislación y, en general, regulación que refuerce el ejercicio de derechos y prevenga su vulneración.

Dicho cuestionario gira en torno a los derechos fundamentales que se ejercen usualmente en internet:  privacidad, libertad de expresión, honra, libertad de conciencia y religión, asociación, reunión y no discriminación; en consecuencia, se puede afirmar que el ejercicio de derechos en internet ha surgido como un asunto de cierta relevancia últimamente para los sistemas jurídicos nacionales, incluso al margen de la mayor o menor tasa de conectividad existente en cada país.

El informe resultante presenta los temas que forman parte de la agenda muestran las áreas en las que se registran los mayores avances en materia de protección de derechos humanos e internet, y aquéllas en las que se detectan riesgos o amenazas, con el fin de facilitar una adecuada labor de contención en un futuro cercano

Como consecuencia, han ido surgiendo proyectos de ley que plantean riesgos para los derechos fundamentales en internet y que, si bien pueden tener objetivos atendibles, desconocen los reales usos y potencialidades de la red.

A lo largo del tiempo se han ido registrando avances en diferentes países, tales como:

• México, donde se reconoce como deber del Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación.
• Costa Rica, país donde los derechos fundamentales respecto a Internet fueron reconocidos constitucionalmente. Además, resaltando el derecho a la privacidad vinculado con la protección de los datos personales, resultando plenamente aplicable a internet.  La declaración costarricense, así mismo, sostiene que el acceso a las tecnologías es fundamental para facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas e impulsar al Estado a promover y garantizar el acceso universal a las nuevas tecnologías.
• Paraguay, quien reconoce constitucionalmente el derecho a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones.

Este reconocimiento constitucional que ha venido dándose respecto a Internet viene a ser un complemento de la regulación que se va desarrollando sobre el tema tanto en lo nacional, como en lo internacional.

Diferentes países han ido adhiriéndose progresivamente a tal regulación. Mientras que la principal crítica a  este  fenómeno  vendría a ser su mencionado  carácter  no  vinculante, lo cual  denota  un  esfuerzo  para  aunar  criterios  y  marca  una  tendencia  orientadora  en  cuanto  a  reglas  y principios. Respecto al tema de integración legislativa es preciso considerar el Convenio de Ciberseguridad (Convenio de Budapest), el cual apunta a generar una mayor cooperación internacional en cuestión de delitos informáticos y protección de privacidad y datos  personales,  sin embargo  cuenta  también  con  contenidos polémicos en materia de retención de datos. En países como Costa Rica, se viene contemplando la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar que los datos se conserven de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre medidas de protección de la privacidad de las comunicaciones; lo que establece que todos los datos deben ser confidenciales y no se puede realizar ni un acto sin una debida autorización.

Algunos temas que son necesarios tomar en cuenta:

·   Interceptación de comunicaciones (retención  de  correspondencia,  inspeccionar  y  devolver  correspondencia,  interceptar  comunicaciones  que  transiten por cualquier medio, retener y aprehender dispositivos para recuperar información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos y hacer búsquedas selectivas  en  bases  de  datos), tomando como ejemplo a Colombia y Paraguay, donde para realizar tal intervención es requerida una autorización judicial; entonces, se podría decir, que dichos países  se encuentran alineados al cumplimientos de las garantías fundamentales.

• En cuanto a protección de menores ante la pornografía infantil, países como Colombia contempla la justificación del bloqueo de contenidos como una modalidad excepcional, donde se faculta a la Policía Nacional para revisar el contenido digital denunciado y así determinar si califica o no para ser bloqueado, seguido de un protocolo que involucra al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los PSI, lo que viene a ser tomado como un aspecto positivo por la objetividad al momento de bloquear evitando así que sea constituida como una herramienta de censura.
• Finalmente, respecto a ciberseguridad, es preciso mencionar el Plan Nacional de Ciberseguridad paraguayo, el cual suma como un aspecto positivo. Tomando en cuenta que Paraguay preside el comité Interamericano contra el Terrorismo. 

Respecto a las principales amenazas detectadas, las legislaciones tanto paraguayas como mexicanas además de colombianas muestran vaguedades en las definiciones legales, por ejemplo, en Colombia la  Ley  de  inteligencia  y  contrainteligencia  obliga  a  los  proveedores  a  retener y  entregar  a  los  organismos  de  inteligencia “el historial de comunicaciones de los abonados telefónicos vinculados y demás no tienen un control judicial y no se aclara si operan solo sobre telefonía móvil y fija, o si se aplican también a Internet. Respecto de la protección de los datos personales, también se presentan situaciones de riesgo. Un ejemplo de ello la Ley paraguaya cuenta nuevamente con grandes limitaciones, conceptos vagos e imprecisos y deficiencias en general.

Las amenazas a la libertad de expresión en internet que constituyen otro de los temas sensibles. En Colombia se prohíbe el envío de mensajes “en  lenguaje cifrado o ininteligible” a las personas usuarias de “equipos  de  comunicaciones  que  utilizan  el  espectro  electromagnético”. El alcance de dicha disposición no resulta claro y se desconoce la existencia de casos en los que se haya aplicado.  Mientras que en México no se han documentado controles, filtros o bloqueos de información generalizados en internet. Pero el derecho a la libertad de expresión en internet se ve amenazado por el contexto de violencia generalizada, sobre todo contra los y las periodistas. En Costa rica, por ejemplo, se proponían penas de cárcel ante publicaciones de informaciones secretas políticas, afortunadamente tal normativa fue declarada inconstitucional y actualmente existe una regulación de delitos informáticos que no violenta derechos fundamentales.

    II.CONCLUSIONES

PRIMERA: Internet ofrece oportunidades sin precedentes para el desarrollo desempeñando un papel cada vez más importante en nuestra vida. Por lo tanto, es esencial que todos los agentes, tanto público como privados, respeten y protejan los Derechos Fundamentales en Internet.

SEGUNDA: El análisis pone en evidencia la necesidad de mayor investigación en el área de los derechos fundamentales y su ejercicio en el entorno. Entonces, es preciso ampliar la investigación para incluir otras temáticas pendientes.

TERCERA: El Estado debe promover iniciativas legales para proteger los derechos de toda la población y evitar que el propio aparato administrativo se transforme en un vigilante indeseado de la ciudadanía, a sus espaldas y a expensas de sus propios recursos, mientras el Poder Judicial debe ejercer un control independiente, razonable, proporcionado y transparente.

Derechos y libertades en internet en latinoamérica from Vania Callacondo